Banda de usurpadores: imputaron a Del Campo y otras 20 personas por asociación ilícita
La causa que investiga una red de corrupción con ramificaciones en organismo del Estado, incluida la Justicia, tuvo un importante avance con nuevos allanamientos, secuestro de pruebas y la detención de implicados.
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La investigación sobre una presunta red de corrupción con ramificaciones en organismos clave de la provincia avanza con nuevas imputaciones y detenciones. Hasta el momento, 21 personas fueron acusadas de integrar una organización que operaba con conexiones en Catastro, el Registro de la Propiedad, la Policía y el Poder Judicial.
El supuesto cabecilla de la banda es Mario Rodrigo Del Campo, quien fue imputado junto a su pareja, la abogada Grisel Gordillo, el oficial de Policía Dennis Nieva Chayle, el referente gremial José Wilfer Vega, el prestamista Gastón Darío Agulles y Héctor Enrique Varela. Todos enfrentan cargos por asociación ilícita.
Entre los implicados está además el abogado Javier Figueroa, hermano del legislador mandato cumplido y actual presidente del PRO, Diego Figueroa.
Según informaron fuentes judiciales, entre los imputados hay siete empleados del Poder Judicial, otros del Registro de la Propiedad Inmueble, de la Dirección General de Catastro, Fiscalía de Estado y del Banco Nación. Las indagatorias de los implicados continuarán realizándose dentro de los próximos días.
La causa, encabezada por el fiscal de Instrucción N°5, Hugo Costilla, comenzó en diciembre de 2023 con la unificación de múltiples denuncias que revelaban patrones comunes en las maniobras fraudulentas. En los últimos días, la investigación se intensificó con allanamientos, secuestro de pruebas y la detención de nuevos implicados.
Registros y procedimientos
El avance de la causa llevó a múltiples operativos en diferentes organismos públicos y privados. Ayer, se realizaron registros en el Juzgado de Primera Instancia Comercial, donde los investigadores incautaron documentos clave sobre embargos y decretos. También hubo procedimientos en la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) y el Registro de la Propiedad Inmobiliaria, donde se secuestraron dispositivos tecnológicos y documentación relevante.
En simultáneo, la Policía detuvo a Luis Bulacios, empleado del Registro de la Propiedad, y a otra persona en la Dirección de Catastro. Desde ARCAT emitieron un escueto comunicado asegurando que colaborarán con la Justicia para esclarecer los hechos.
Repercusiones y medidas judiciales
El escándalo alcanzó al Poder Judicial, donde la Corte de Justicia dispuso suspensiones y traslados para 12 empleados presuntamente implicados en la red de corrupción. Seis de ellos fueron suspendidos sin goce de haberes por 60 días, mientras que otros fueron trasladados preventivamente para evitar la posible obstaculización de la investigación.
Las indagatorias continúan y se espera que en los próximos días se sumen más imputaciones a medida que avance el análisis de las pruebas recolectadas.
