Elpidio Guaraz fue detenido tras no presentarse ante la Justicia y ya cumple condena en el penal
El exintendente de Bañado de Ovanta comenzó a purgar una pena de nueve años de prisión por delitos de violencia sexual. Su defensa analiza pedir prisión domiciliaria y recurrir a la Corte Suprema.
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Ramón Elpidio Guaraz, exintendente de Bañado de Ovanta, fue detenido en su domicilio luego de no presentarse de manera voluntaria ante la Justicia, tras quedar firme su condena a nueve años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y abuso sexual con acceso carnal.
El procedimiento se concretó mediante un operativo policial desplegado en Bañado de Ovanta y en la ciudad Capital, luego de que los jueces de la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Primera Nominación ordenaran su detención inmediata. Guaraz, de 64 años, fue trasladado primero a dependencias de la División Investigaciones de la Policía y posteriormente alojado en el Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán, donde ya pasó su primera noche.
La sentencia había sido dictada en septiembre de 2024, pero el condenado permanecía en libertad hasta que el fallo quedara firme. Días atrás, la Corte de Justicia de Catamarca rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la defensa, agotando las instancias locales y habilitando la ejecución de la pena. Guaraz fue notificado formalmente de esta resolución, aunque no se presentó ante el tribunal, lo que derivó en su detención.
Según trascendió, su abogado defensor, Diego Quinteros Martínez, anticipó que solicitará el beneficio de prisión domiciliaria y que recurrirá en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque los antecedentes en la provincia indican que este tipo de planteos rara vez prosperan.
Guaraz fue juzgado por hechos ocurridos en noviembre de 2019, cuando mantenía una relación con una adolescente. De acuerdo con la investigación judicial, la víctima fue privada de su libertad y abusada sexualmente en el domicilio del entonces jefe comunal. La denuncia fue presentada en 2021 y el juicio oral se desarrolló a puertas cerradas por tratarse de delitos de instancia privada.
Por unanimidad, el Tribunal lo halló culpable por delitos de género y ordenó su condena, la cual quedó firme tras el rechazo de los recursos judiciales interpuestos por la defensa.
