Acuña propone destinar regalías mineras a la preservación del patrimonio histórico de Catamarca

El diputado provincial Mamerto Acuña, del bloque Generar, presentó un proyecto de ley que propone crear el Fondo Provincial para la Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de Catamarca, con financiamiento proveniente de las regalías mineras.

La iniciativa busca establecer una herramienta financiera específica para atender tareas de conservación, restauración, recuperación y puesta en valor de los bienes que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Según los fundamentos del proyecto, las declaraciones de bienes como patrimonio histórico-cultural requieren recursos para que puedan llevarse adelante tareas de mantenimiento, relevamiento e intervención preventiva. En ese sentido, Acuña plantea que el fondo tenga una afectación específica y que sus recursos no puedan utilizarse para gastos corrientes, remuneraciones u otras finalidades ajenas a la preservación patrimonial.

Entre las acciones que podrían financiarse se encuentran estudios y diagnósticos técnicos, relevamientos, elaboración de proyectos, obras de conservación y restauración, mantenimiento preventivo y trabajos de urgencia ante situaciones que puedan comprometer la integridad de los bienes.

Un plan anual de intervenciones

El proyecto también contempla la elaboración de un Plan Anual de Intervenciones, mediante el cual se establecerían prioridades en función del estado de conservación, el nivel de riesgo, el valor histórico y cultural y el grado de urgencia de cada intervención.

La propuesta apunta de esta manera a incorporar criterios de prevención, con el objetivo de detectar y atender situaciones de deterioro antes de que los daños sean irreversibles.

Como antecedente para fundamentar la iniciativa, Acuña menciona la situación de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Anillaco, en el departamento Tinogasta, uno de los bienes incluidos en la Ruta del Adobe.

De acuerdo con los fundamentos del legislador, el deterioro de este tipo de construcciones evidencia la necesidad de contar con mecanismos permanentes de mantenimiento y conservación frente al paso del tiempo y los fenómenos climáticos.

El planteo sobre la Ley 4831

Otro de los puntos centrales de la iniciativa es la reglamentación de la Ley Provincial N.º 4831 de Preservación del Patrimonio Cultural e Histórico de Catamarca, sancionada en 1995.

El diputado sostiene que la falta de reglamentación durante las últimas décadas habría limitado la aplicación de algunas de sus disposiciones, entre ellas las vinculadas con el régimen de multas y el registro y catalogación de bienes.

Por ese motivo, el proyecto establece un plazo de 90 días para que el Poder Ejecutivo provincial reglamente la normativa.

La iniciativa también contempla mecanismos de articulación entre organismos provinciales y nacionales cuando se trate de bienes que, además de su valor histórico, posean carácter arqueológico o paleontológico, estén ubicados en áreas naturales protegidas o hayan sido declarados Monumentos Históricos Nacionales.

Asimismo, se prevé la posibilidad de establecer convenios con municipios, particulares o entidades religiosas cuando los bienes no sean propiedad del Estado provincial. Esos acuerdos deberían incluir condiciones vinculadas con la conservación, el acceso público y el destino patrimonial de las inversiones realizadas con fondos estatales.

Registro y control de los fondos

En materia de transparencia, Acuña propone crear un registro público de las intervenciones financiadas mediante el fondo, con información sobre los bienes alcanzados, los trabajos realizados y los montos destinados.

El proyecto también contempla la fiscalización del Tribunal de Cuentas y la presentación de informes anuales ante la Legislatura provincial.

La propuesta deberá ahora ser analizada por la Cámara de Diputados, donde se definirá su tratamiento legislativo. El objetivo planteado por Acuña es establecer una fuente de financiamiento permanente para la preservación del patrimonio catamarqueño y, al mismo tiempo, incorporar mecanismos de planificación y control sobre el destino de esos recursos.