Ávila denunció a Corpacci y Jalil por la subfacturación de Livent 45
El diputado provincial considera responsable a la ex mandataria y al gobernador por haber “permitido” que la empresa eluda el control fiscal. También pide que se impute al CEO de la minera y a todos los funcionarios públicos encargados de controlar a las firmas.
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Luego de la confirmación por parte del Gobierno de que la empresa Livent deberá pagar lo que adeudaba por una incorrecta facturación, el diputado provincial, Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño), presentó una denuncia penal contra el gobernador Raúl Jalil, la senadora nacional Lucía Corpacci y las autoridades de la empresa minera Livent por la subfacturación de la firma en la venta de litio.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal, a la que le solicitó también que se impute a todos aquellos funcionarios públicos que deben controlar, fiscalizar y auditar las operaciones comerciales de la empresa, ya sean provinciales o nacionales. Tras la denuncia, el referente del FAC explicó en sus redes sociales la denuncia, con duras críticas al oficialismo.
Para el legislador opositor la polémica por la subfacturación tiene su origen en 2017, cuando la exgobernadora Lucía Corpacci firmó un convenio marco con la empresa FMC Lithium (Actual Livent) mediante el cual la firma se comprometía a invertir 300 millones de dólares para duplicar la producción de litio en el Salar del Hombre Muerto en Antofagasta de la Sierra. “Este convenio refrendado por la Legislatura provincial condenó a nuestra provincia a recibir un mísero 2% de aportes y regalías, disfrazando bajo la figura de un fideicomiso una contribución extra que jamás puso a disposición del Poder Ejecutivo, ya que esté afrontó las obras que tenía por destino ese fideicomiso”, considera Ávila, para quien: “ese acuerdo inaceptable es lo que dio pie a la empresa explotadora de litio a eludir el control fiscal que permitió la comisión de un grave delito contra el erario provincial”.
Ávila afirma que la subfacturación “fue tan grosera” que la Livent denunció ante la Dirección Nacional de Aduana, un precio de 6 mil dólares la tonelada de litio, mientras que empresas extractivas de Jujuy lo hicieron por 55 mil dólares.
“En ese contexto delictivo podemos situar como máxima responsable a la ex Gobernadora por ser quien suscribió el convenio que quita los controles a Livent y como responsable secundario al gobernador Jalil, sin perjuicio de los demás actores involucrados en el fraude fiscal”, insiste en su presentación.
El diputado opositor también solicitó a la Justicia que de manera urgente se suspenda las tareas realizadas por Livent en el Salar del Hombre Muerto y se ordene la confiscación y el inventario del material extraído. También solicita que se ordene la prohibición de la salida del país del CEO de Livent, Paul Graves y de cualquier persona relacionada al a empresa.
Ávila atacó el accionar de Livent que “se presenta como un modelo productor y no es más que una ladrona de recursos asociada a un Gobierno corrupto que miró para otro lado mientras se robaba nuestros minerales”.
