Con modificaciones, Diputados dio luz verde a la expropiación de las Termas de Fiambalá 66

La comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, que preside Augusto Barros, se reunió ayer de forma mixta para continuar el estudio del proyecto de expropiación del complejo termal de Fiambalá que fue iniciado por el Ejecutivo y cuenta con media sanción del Senado. 

Tras el encuentro, los y las integrantes de la comisión dieron despacho favorable a la iniciativa por la cual se declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una superficie de 404 hectáreas, las cuales serán destinadas a la puesta en valor y jerarquización del Complejo Termal y Turístico y el desarrollo de actividades de recreación, terapéuticas y de esparcimiento.
 

El proyecto indica que la declaración de utilidad pública apunta a cumplir un viejo anhelo de los habitantes de la localidad y de todo el pueblo catamarqueño que “es adquirir el dominio de un bien tan preciado como son las termas de Fiambalá que, por su belleza y los beneficios que brindan las aguas termales para la salud, la convierte en un atractivo turístico para argentinos, argentinas y extranjeros/as”. 

Además, la iniciativa explica que en la zona hay dos sitios arqueológicos los cuales, junto a las termas, son asumidos como patrimonio natural y cultural, como parte de territorios, espacios que, además de ser la base económica y política de determinados grupos sociales, son fuentes dc identificación cultural y referencia simbólica. 


El proyecto con media sanción de la Cámara Alta establecía declarar de utilidad pública una superficie un poco mayor a las 1.212 hectáreas, lo que generó fuertes críticas desde la oposición que también cuestionó que el complejo no quede en manos del municipio fiambalense. Desde el Gobierno respondieron en su momento que una vez saneados los títulos del terreno serían otorgados a la comuna y así fui incluído en el articulado del proyecto aprobado por los senadores. Ahora en Diputados también se accedió a disminuir la cantidad de ls superficie que se expropiará.
 

Actualmente, las tierras en cuestión pertenecen a una familia china que adquirió la propiedad en 1983 y que mantiene una disputa judicial con la Municipalidad de Fiambalá.