Diputados informó a la Justicia sobre la situación laboral de denunciantes de Galán

La Cámara de Diputados de Catamarca envió al Juzgado de Control de Garantías N°4, a cargo de Marcelo Sago, información vinculada a la situación laboral de Daniela Solohaga e Iván Luna Avellaneda, quienes denunciaron al diputado provincial Javier Galán en el marco de la causa que investiga presuntos delitos de abuso sexual, peculado de servicios y exacciones ilegales.

De acuerdo con fuentes judiciales, el cuerpo legislativo informó que Solohaga ya no continúa vinculada laboralmente a la Cámara baja. La mujer había denunciado públicamente que figuraba como empleada legislativa, aunque aseguraba desempeñar tareas en el Corralón San Javier, propiedad atribuida al legislador.

Según consta en la denuncia, Solohaga habría sido designada a comienzos de 2025 y, tras recibir el alta médica luego de una internación por un cuadro de salud mental, tomó conocimiento de que había sido desvinculada de su cargo.

En su momento, Galán rechazó esa versión y sostuvo públicamente que la mujer seguía cobrando su salario como empleada legislativa. Incluso difundió en redes sociales un recibo de sueldo para respaldar su postura.

En paralelo, la Cámara también notificó que Iván Luna Avellaneda continúa registrado como asesor Nivel II dentro del bloque legislativo que integra Galán. Luna Avellaneda denunció que tanto él como Solohaga habrían sido obligados a trabajar en el Corralón San Javier mientras percibían haberes del Estado provincial.

Además, el denunciante afirmó que recibió presiones para desmentir públicamente a Solohaga y negar cualquier vínculo laboral con el comercio privado.

La investigación judicial intenta determinar si existió utilización de empleados públicos para tareas particulares, una conducta contemplada en el delito de peculado de servicios. En ese marco, el juez Sago también solicitó informes a la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) para establecer la situación societaria y la titularidad formal del corralón.

Como parte de las medidas previstas, en los próximos días se realizarán pericias sobre teléfonos celulares secuestrados y evaluaciones psicológicas a las mujeres que denunciaron al legislador por presuntos hechos de abuso sexual.

En paralelo al avance de la causa, Galán cuestionó públicamente al oficialismo y denunció una supuesta maniobra política vinculada a la reactivación del pedido de desafuero contra la diputada Natalia Saseta. El legislador sostuvo que existe una “doble vara” en el tratamiento de los expedientes judiciales y afirmó que sus fueros “no son un privilegio personal”, sino una garantía institucional.