La Justicia profundiza la investigación contra Javier Galán por presunto peculado de servicios
El juez Marcelo Sago solicitó información a Diputados y a la ARCAT para determinar si empleados legislativos realizaban tareas en el Corralón San Javier.
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La causa judicial que involucra al diputado provincial Javier Galán (MID) avanzó en las últimas horas con nuevas medidas ordenadas por el juez de Garantías Marcelo Sago, quien analiza si corresponde solicitar el desafuero del legislador.
En el marco de la investigación por presunto peculado de servicios, abuso sexual y exacciones ilegales, el magistrado pidió informes a la Cámara de Diputados sobre los empleados designados por Galán y también requirió datos vinculados al personal que cumpliría funciones en el Corralón San Javier.
Además, el juez libró un oficio a la Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) para conocer la situación societaria de la empresa y establecer formalmente su titularidad.
Las medidas apuntan a profundizar una de las hipótesis centrales de la causa: la posible utilización de empleados pagados por el Estado para desempeñar tareas en un emprendimiento privado vinculado al diputado.
La investigación tomó impulso a partir de las denuncias realizadas por tres mujeres contra Galán, quienes lo acusaron por hechos de abuso sexual. En paralelo, surgieron testimonios relacionados con la presunta utilización de personal legislativo en el corralón.
Una de las primeras en denunciar esta situación fue Daniela Solohaga, quien aseguró que, pese a figurar como empleada de la Cámara de Diputados, trabajaba en el comercio del legislador como condición para mantener su designación.
Posteriormente, Iván Luna Avellaneda también declaró ante la Justicia y afirmó que trabajaba en el Corralón San Javier mientras se desempeñaba como empleado legislativo. Además, sostuvo que recibió presiones para desmentir a la denunciante.
“Soy empleado de la Cámara de Diputados y parte de mi sueldo se lo entrego a Galán mediante transferencias a terceras personas”, manifestó en su declaración.
En tanto, las pericias psicológicas previstas para las denunciantes todavía no fueron realizadas en el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF), una prueba considerada relevante dentro del expediente judicial.
El presunto delito de peculado de servicios está contemplado en el artículo 261 del Código Penal, que prevé penas de entre dos y diez años de prisión e inhabilitación perpetua para funcionarios públicos que utilicen en beneficio propio trabajos o servicios abonados por el Estado.
