Ledesma desafió a Galán a renunciar a sus fueros y respaldó la decisión de Fedeli

El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Ledesma, salió a respaldar públicamente la actuación de la presidenta del cuerpo, Paola Fedeli, en el conflicto generado por el pedido de baja laboral de la empleada que denunció al diputado Javier Galán por presuntos hechos de abuso sexual, exacciones ilegales y peculado de servicios.

El legislador oficialista consideró que las medidas adoptadas por la Presidencia de la Cámara estuvieron orientadas a resguardar a la denunciante y garantizar que pueda atravesar el proceso judicial sin sufrir presiones ni represalias laborales.

En ese sentido, defendió la decisión de rechazar el pedido de desvinculación de la agente legislativa y sostuvo que el Estado tiene la obligación de proteger a las personas que denuncian situaciones de violencia y acompañarlas durante el avance de la investigación.

Ledesma también cuestionó la postura asumida por Galán en las últimas semanas y rechazó los planteos del diputado del MID respecto de una supuesta persecución política. Según indicó, el eje de la discusión debe estar puesto en las denuncias que tramitan en la Justicia y no en debates institucionales que, a su criterio, buscan desviar la atención de la causa.

Además, afirmó que si el legislador está convencido de su inocencia debería dar un paso más y solicitar voluntariamente el levantamiento de sus fueros para que la investigación avance sin cuestionamientos.

“Si realmente no tiene nada que temer y está convencido de su inocencia, debería ser él mismo quien solicite su desafuero”, sostuvo Ledesma, quien consideró que esa sería la mejor manera de demostrar voluntad de colaborar con el proceso judicial.

El jefe de la bancada oficialista remarcó que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades en el caso y pidió que la investigación avance sin privilegios para ninguna de las partes involucradas. Según planteó, el esclarecimiento de los hechos debe producirse en el ámbito judicial y no en el terreno de las disputas políticas.