Marchioli puso en duda la facturación de Livent 5
El diputado radical presentó un proyecto de resolución solicitando que se informe el precio de venta de los productos de litio. "Hay sospechas que Livent vendería litio a menos de la mitad de los precios del mercado internacional", sostiene.
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A partir de una serie de inquietudes que giran en torno a la explotación que durante 20 años viene desarrollando el proyecto Fénix (previamente FMC) en Antofagasta de la Sierra, el diputado provincial Alfredo Marchioli presentó un proyecto de resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo, que en carácter de urgente, se informe sobre diferentes aspectos, entre ellos, la cantidad de concentración de sal de litio vendidos a la Planta de refinación ubicada en Salta y el precio de venta de los productos de litio.
La iniciativa que tomó estado parlamentario en la tercera Sesión Extraordinaria y se giró a las Comisiones de Minería y de Agricultura, Ganadería, Recursos Naturales y Medio Ambiente, tiene relación con los proyectos de Ley y las observaciones efectuadas por el diputado a las Actas de Compromiso entre el Estado Provincial y empresas mineras, aprobadas el miércoles por la Cámara Baja.
"A través del paso de estos años se ha notado un reducido impacto socioeconómico en el departamento Antofagasta de la Sierra", apunta el legislador entre sus fundamentos considerando que dicha situación "pone enduda la importancia socioeconómica del proyecto para el departamento" y más grave aún "que existe una baja calidad del control del impacto ambiental negativo generado en el agua y sobre la recaudación fiscal minera".
"La sobre-explotación del río Trapiche derivó en la seca de la vega, actualmente con trabajos de remediación y hay sospechas que Livent vendería litio a la menos de la mitad de los precios del mercado internacional", sostiene.
Las observaciones planteadas el miércoles por Marchioli tienen que ver no solo con una falta de determinación y referencia internacional en el precio del litio sino también con el impacto ambiental y la utilidad pública. "El Estado tiene la obligación de definir las líneas de acción para el contralor socio-económico-ambiental de los proyectos mineros -en todas sus etapas, con el propósito de generar las condiciones propicias para una minería ambientalmente compatible y socialmente comprometida para una mayor inclusión económica de las comunidades locales", advierte el diputado radical.