Subfacturación de Livent: Para Aguirre la denuncia de Ávila no tiene sustento legal 116

Luego de la denuncia presentada por el diputado Hugo “Grillo” Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) en contra del gobernador Raúl Jalil y la senadora nacional Lucía Corpacci, el diputado provincial Gustavo Aguirre fustigó a su par y lo acusó de poner en riesgo las fuentes de trabajo de cientos de catamarqueños “sólo por una especulación política”.

Aguirre, quien ayer retomó su banca en la Legislatura provincial tras desempeñarse como ministro de Seguridad, salió al cruce de “Grillo” a través de su cuenta de Facebook en donde escribió: “La denuncia del Diputado Hugo Ávila radicada ayer en la Justicia Federal es solamente una declaración política que carece de cualquier sustento legal o probatorio contra el Gobernador Raul Jalil y la ex Gobernadora Lucia Corpacci”.

“Es una denuncia que apunta solamente a embarrar al gobernador Jalil y la senadora Corpacci”, consideró para luego señalar que “una lectura minuciosa de la presentación judicial muestra que el diputado Ávila reconoce la legalidad de todo lo que denuncia: Por un lado, el convenio firmado por la ex gobernadora fué analizado y ratificado por la Legislatura provincial. Por otro lado, reconoce que el ARCA como autoridad de aplicación, realizó una auditoría a la empresa minera (hace más de seis meses)”. 

En su escrito, el legislador provincial explicó que el Estado catamarqueño se apoyó en una decisión de la Agencia Federal de Ingresos Públicos para establecer un valor de referencia para una materia prima que todavía no cuenta con precio internacional porque no se puede calificar como un commodity.  En esa línea, argumentó que como consecuencia de todo ese trabajo se realizó una redeterminación del Cálculo de Regalías Mineras y el Aporte Mensual Adicional y la empresa deberá reembolsar a la provincia antes del 2 junio más de 120 millones por el periodo correspondiente a julio 2020 a enero 2022, y en los próximos días, se realizará el nuevo cálculo para el período febrero - abril de 2022, sumado a los controles mensuales, determinados como consecuencia del establecimiento de nuevos criterios de cálculo.

“Creo que tenemos que destacar que esta situación involucró a distintos actores institucionales de la provincia. Hubo un señalamiento de un diputado de la UCR, en simultáneo ARCA realizaba una investigación con una auditoría seria y exhaustiva que ya tiene resultados, y hoy tenemos una redeterminación. El problema se planteó, los organismos del Estado auditaron y notificaron, y en este caso una empresa se allanó a las medidas tomadas por ARCA. Entre todos estamos defendiendo los recursos y el patrimonio de los catamarqueños”, remarcó.

En su posteo de Facebook, el ex ministro defendió al gobernador Jalil al indicar que “es el primer interesado en que las reglas sean claras y cada empresa tribute lo que debe porque esto representa ingresos que luego se transforman en el financiamiento de las obras que necesitan las catamarqueñas y catamarqueños”

“La denuncia de Ávila podría dejar a cientos de catamarqueños del interior sin trabajo, sólo por una especulación política, cuando el Estado provincial y nacional cuentan con todos los mecanismos legales y administrativos para redeterminar los montos, a partir del precio de referencia puesto por la Nación, exigir a la empresa que pague lo que debe y aplicar las sanciones que corresponda”, finalizó.