Acuerdan un aumento del boleto urbano que llevará la tarifa a $1.250

El ajuste del 29% entrará en vigencia en las próximas semanas, tras la homologación del sistema SUBE.
miércoles, 26 de noviembre de 2025 0:00

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El Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte y las empresas de transporte urbano alcanzaron un acuerdo para actualizar la tarifa del boleto, que pasará de $950 a $1.250. El entendimiento permitió destrabar el conflicto generado por la reciente medida de fuerza aplicada por algunas prestatarias, lo que había afectado la prestación del servicio.

 

El ministro Eduardo Andrada confirmó el incremento del 29% y señaló que la nueva tarifa comenzará a regir dentro de “dos a tres semanas”, una vez concluida la homologación técnica en el sistema SUBE. El funcionario cuestionó la metodología utilizada por las empresas para presionar por la actualización tarifaria. “Esta medida de fuerza no fue la mejor manera, y así se los planteé. Más aún cuando contamos con un ministerio de puertas abiertas”, afirmó.

 

Andrada anticipó que, de cara al próximo año, se buscará implementar un esquema de actualizaciones semestrales basado en variables como el precio del combustible y la inflación, con el objetivo de dar previsibilidad al sistema y sostener los costos laborales. Además, remarcó que el Gobierno provincial aporta mensualmente alrededor de $1.300 millones en subsidios, incluyendo el boleto estudiantil, y garantizó que este beneficio continuará plenamente vigente.

 

Reclamo desde la izquierda

 

El aumento generó críticas desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, que difundieron un comunicado rechazando el ajuste. Calificaron la medida de fuerza de las empresas como una “extorsión” y denunciaron que, pese a los subsidios recibidos, las prestatarias no realizan las inversiones necesarias, manteniendo “unidades antiguas” y pagando “salarios de miseria” a los trabajadores.

 

Las organizaciones exigieron que no se aplique el aumento, reclamaron la apertura de los libros contables de las empresas y plantearon que, en caso de registrarse déficit, las mismas sean absorbidas por el Estado y gestionadas con participación de trabajadores y usuarios.

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